Tal parece que el asesinato de los estudiantes del Tec de Monterrey, Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, ocurrido en marzo de 2010 en el campus universitario a manos de militares, quedará en la impunidad.
Y es que familiares de Jorge hicieron público un escrito en el que explican que recibieron una notificación de la Fiscalía General de la República (FGR) en la que les informan que le darán “carpetazo” al caso, debido a que en 11 años no se ha podido comprobar la responsabilidad de los acusados.
“El día 9 de julio, la FGR les informó que va a dar carpetazo a la investigación contra miembros del Ejército por el delito de portación y acopio de armas de fuego, pues según dicha institución, en más de 11 años no lo han podido comprobar”, se establece en el documento de la familia Mercado.
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“Aunque este Gobierno ofreció disculpas el 19 de marzo del 2019, no ha ofrecido justicia conforme a derecho”, se agrega en el documento, destacando que este fue “el primer caso reconocido de ejecución extrajudicial por parte del Gobierno mexicano”.
Por su parte, el Tec de Monterrey ha mostrado su preocupación ante esta información.
“Todos estos años hemos expresado nuestra confianza en que se hará justicia; esperamos se informe a las familias involucradas el curso que este proceso judicial estará siguiendo”, externó la institución académica.
Hay que recordar que el asesinato de Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo se dio en 2010, medio de la crisis de inseguridad que azotó a Nuevo León.
Ambos jóvenes se encontraban en las inmediaciones del Campus cuando se desató un enfrentamiento entre delincuentes y militares, por lo que los dos estudiantes regresaron al campus para protegerse.
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Sin embargo, ahí murieron víctimas de varios impactos de arma de fuego y posteriormente se les sembraron armas para hacerlos pasar por criminales.
Con el paso del tiempo se ha podido evidenciar que fue el personal militar el que le habría quitado la vida a los estudiantes, pero a pesar de las pruebas la autoridad no ha podido acreditar la responsabilidad de ninguno de los implicados.
