Parece ser que el conflicto con los cibertaxis podría resolverse pronto en Nuevo León y es que las empresas Uber, Didi y Cabify estarían dispuestas a pagar un impuesto del 1.5 por ciento de sus operaciones al gobierno estatal, como parte de la nueva Ley de Movilidad.

Esta iniciativa surgió durante las negociaciones entre miembros de la Comisión del Transporte del Congreso local y el gobernador, Jaime Rodríguez Calderón.

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Aunque hay que considerar el que sufriría el “impacto económico” sería el usuario de esas plataformas, pues a él se le cargaría este impuesto, acción que se viene aplicando en otras ciudades del país, como la Ciudad de México y Guadalajara.

Este impuesto es llamado en esas entidades como “Contribución gubernamental”, el cual se sumaría a la “cuota de solicitud” y a la tarifa del viaje en cuestión.

Es decir, esta medida traerá consigo un aumento en las tarifas a los usuarios de estas plataformas.

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Ante esto, los diputados locales estarían buscando aprobar lo más pronto posible esta normativa, para de una vez por todas acabar con este conflicto.

En este sentido, las empresas involucradas no han emitido un posicionamiento oficial al respecto.

El detalle ahora será que los mismos legisladores verifiquen a qué se destinará este impuesto, qué uso hará el estado de él, para que así no forme parte de la “caja chica” del gobierno estatal.

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