La activista Liliana Flores encabezó la presentación de una denuncia ante el Consejo de la Judicatura, en contra de Aída Reyes Reyes, la jueza que lleva el caso de la “Bronco suegra”.

La juzgadora decidió no ejercer acción penal en contra de los funcionarios estatales implicados en el aumento salarial injustificado del 144 por ciento que se le otorgó a María Teresa Martínez Galván, la suegra del gobernador, durante su paso por la Secretaría de Seguridad.

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El detalle es que se han revelado dos situaciones de implican conflictos de intereses de parte de Aída Reyes, relacionados con su esposo.

En primer lugar, su pareja, Sergio Alanís, tiene un alto cargo en el Isssteleón, dependencia estatal que le fijó la mega pensión a la llamada bronco suegra.

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Y por otro lado, el esposo de la jueza también fue compañero de trabajo de Martínez Galván en la Secretaría de Seguridad.

Por estas razones, Aída Reyes debió haberse excusado y rechazar el caso.

“Los jueces de control no deben de conocer nada antes del asunto hasta que se está argumentando y ella argumentó cosas que no habían dado, y el otro elemento es el posible conflicto de intereses”, explicó Liliana Flores.

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Con esta denuncia se busca que la Judicatura revise la actuación de la jueza, para que se determine si incurrió o no en una falta durante este proceso legal.

Hay que recordar que a María Teresa Martínez Galván le aumentaron el sueldo 144 por ciento, pasando de 24 mil a más de 70 mil pesos mensuales, sin ninguna justificación.

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De esta manera, la suegra del gobernador se jubiló con una pensión de casi 30 mil pesos, el doble de lo que le correspondía originalmente.

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