Cuenta con conflictos de interés la jueza encargada del caso de la “Bronco suegra”, quien el viernes decidió no ejercer acción penal en contra de los dos funcionarios estatales que le permitieron a la suegra del gobernador un aumento salarial injustificado del 144 por ciento al laborar en la Secretaría de Seguridad, con lo cual obtuvo una pensión mayor a la que le correspondía.

Y es que la jueza de Control, Aída Araceli Reyes Reyes, está casada con Sergio Alanís Medina, subdirector jurídico del Isssteleón, instancia involucrada en el caso, por lo que debió de haber informado sobre esta condición para excusarse y rechazar el caso.

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Los dos funcionarios que estaban considerados como presuntos responsables son Liliana Gómez de Ossio, ex directora de Recursos Humanos en la Secretaría de Administración, y Francisco Estrada Corral, ex director de Administración en la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

Se estima que ambos son los responsables de haber autorizado un aumento salarial injustificado del 144 por ciento a María Teresa Martínez Galván, la suegra del “Bronco”, quien se desempeñaba en la Secretaría de Seguridad con el puesto de “coordinadora”.

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Ella ganaba originalmente poco más de 28 mil pesos mensuales y en menos de un año pasó a ganar 70 mil pesos, de esta manera se jubiló el pasado mes de julio y el Isssteleón le determinó una pensión mensual de casi 30 mil pesos, el doble de lo que le hubiese correspondido con el sueldo original.

Así, la jueza Aída Araceli en lugar de haber rechazado el caso por el parentesco que tiene con un funcionario de alto nivel del Isssteleón, decidió tomarlo, concluyendo no había pruebas suficientes de que los dos funcionarios hayan incurrido en un delito.

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De esta manera se vislumbra que una atmósfera de impunidad en torno a uno de los casos más polémicos en los que se ha involucrado el Gobierno estatal.

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