Avanza legalización de bodas gay en Nuevo León

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tomó una decisión en torno a la legalización de las bodas gay en Nuevo León, pues ordenó la invalidación de varios artículos del Código Civil del Estado, los cuales frenaban estas uniones.

De manera unánime, los ministros apoyaron el proyecto presentado por el ministro Jorge Pardo, el cual se originó tras una acción de inconstitucionalidad presentada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentada el año pasado.

De acuerdo con la el ministro Pardo, el matrimonio no debe ser un derecho orientado a salvaguardar la perpetuación de la especie, pues con esta visión se vulnera la dignidad humana.

“Toda aquella ley de cualquier entidad federativa que limite el matrimonio a un hombre y una mujer, excluyendo de éste a las parejas del mismo sexo o considere que la finalidad de la institución del matrimonio es —exclusivamente— la procreación, resultan inconstitucionales, ya que conllevan un acto de verdadera discriminación que no puede ser tolerado en un estado de derecho como el nuestro”, explicó el ministro ponente.

El ministro fue más allá y opinó que “la medida legislativa impugnada, es el resultado de una discriminación histórica y sistemática derivada de diferentes prejuicios, prácticas sociales y sistema de creencias que han ocasionado la invisibilización de este grupo vulnerable, impidiendo el ejercicio pleno de sus derechos”.

Al negarles el derecho al matrimonio, se les niega el acceso a beneficios médicos, fiscales, hereditarios, alimentarios, entre otros, señaló por otro lado el ministro Luis María Aguilar.

Los artículos que serán invalidados son el 140 y 141 del Código Civil estatal.

El 140 señala a la letra que “sólo pueden celebrarse esponsales el hombre y la mujer que han cumplido 18 años”.

En tanto que el 148 recalca que para poder casarse civilmente “el hombre y la mujer necesitan haber cumplido 18 años”.

La invalidación de los artículos aplicará a partir de la notificación que se le haga al Congreso de Nuevo León, para que haga efectivas las modificaciones al Código Civil.