Tras darse a conocer que los diputados del Congreso local aprobaron ampliar la legítima defensa para que las personas protejan su integridad, casa o negocio, la ONG Alianza Cívica, calificó la nueva normativa como un retroceso.

Jesús González, vocero de la organización no gubernamental, señaló que con esta medida el gobierno reconoce que no tiene el control de la situación, delegando las responsabilidades a los ciudadanos.

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“Es un retroceso todo lo que contempla quitarle responsabilidad al estado sobre su obligación de proveer la seguridad a los ciudadanos, con esto el estado, municipios y Federación nos estarían delegando la tarea aceptando que no pueden garantizar el derecho a la seguridad”, enfatizó el activista de Alianza Cívica.

Organismos como CADHAC habían calificado como “populismo legislativo” la ampliación del concepto, pues señalaron que sólo atiza la violencia y da a la gente lo que quiere, y no lo que realmente es lo correcto.

Por su parte, la Cámara de Comercio de Monterrey (Canaco) indicó que la medida servirá como factor disuasivo para que ya no se cometan delitos al patrimonio de los nuevoleoneses.

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