La tarde de ayer se aprobó en la Cámara de Diputados la iniciativa de “prisión preventiva oficiosa”, con la cual se amplía el catálogo de delitos a los que se aplica esta medida de manera casi automática.

¿En qué consiste la prisión preventiva oficiosa?

Esta medida consiste en que un juez envíe directamente a prisión preventiva a un acusado, es decir, que mientras se realiza el proceso penal el acusado lo vivirá en prisión, aún y cuando no se ha comprobado su culpabilidad, es decir, no aplica la libertad bajo fianza.

Previamente, el Ministerio Público deberá recibir la denuncia y efectuar la averiguación previa, y si considera que hay elementos para procesar al acusado, acude ante un juez penal, quien, en estos casos debe dictar obligatoriamente prisión preventiva.

Esta medida aplica actualmente para seis delitos: delincuencia organizada, homicidio doloso (intencional), violación, secuestro, trata de personas y delitos violentos cometidos con armas de fuego.

La intención de aplicar a estos seis delitos la prisión preventiva oficiosa es evitar que el delincuente huya de la justicia y para proteger a la víctima o sus familiares.

¿A qué delitos se extenderá la prisión preventiva?

Con la aprobación realizada por los diputados, los siguientes delitos tendrán que ser procesados con prisión preventiva oficiosa: uso de programas sociales con fines electorales, enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones, delitos en materia e hidrocarburos (huachicoleo), abuso sexual en agravio de menores, violencia sexual en agravio de menores, feminicidio, robo a casa habitación, robo a transporte de carga, desaparición forzada, desaparición cometida por particulares y delitos contra la Ley de Armas de Fuego.

Riesgos de esta propuesta

Diputados opositores a esta iniciativa y expertos en materia penal y en derechos humanos, señalan que con la ampliación de la prisión preventiva oficiosa se pudiera elevar la cifra de injusticias, pues podrían presentarse casos extremos como el que trabajadoras domésticas acusadas de robo pudiesen ser enviadas a prisión mientras se comprueba si cometieron el delito o no.

También pudiera haber casos de personas que sean llevados a prisión en casos de “siembra” de armas por parte de autoridades y otros por el estilo.

Asimismo, se señala que se empeorará el hacinamiento en los centros penitenciarios, los cuales en la mayoría del país no cumplen con los estándares mínimos.

¿Qué sigue ahora?

El Senado y la Cámara de Diputado ya aprobaron la medida, lo que resta ahora es que la mayoría de los Congresos estatales también aprueben la medida, ya que se trata de una reforma constitucional.

Este paso podría tardar algunos meses.

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