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“El Bronco” hace encuesta sobre regreso a clases presenciales

“El Bronco”, Jaime Rodríguez Calderón, preguntó a los padres y madres de familia de Nuevo León si estaban de acuerdo con el regreso a clases presenciales de sus hijos.

El gobernador del estado hizo la pregunta tomando en cuenta las manifestaciones de un sector de la sociedad que pide las clases presenciales desde el inicio del próximo ciclo escolar, mientras se da en Nuevo León la llamada tercera ola de COVID-19.

“A las madres y padres de familia, les quiero hacer una pregunta, considerando que tenemos una tercera ola del covid-19 más intensa, ¿creen que sea conveniente regresar a nuestros hijos a la escuelas? Ayúdenme a decidir”, publicó “El Bronco”.

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Horas después de esa publicación, el gobernador de Nuevo León volvió a publicar una encuesta al respecto, señalando que hasta el momento eran más los padres y madres de familia que se mostraban en contra del regreso a clases presenciales.

Cabe recordar que el próximo ciclo escolar arranca el 30 de agosto.

En torno a este tema hay opiniones encontradas a nivel gubernamental, pues el presidente Andrés Manuel Obrador se ha mostrado a favor del regreso inmediato a clases presenciales, postura contraria a la del gobierno de Jaime Rodríguez, quienes argumentan que el alza de contagios no permite, por el momento, que los niños vuelvan a las aulas.

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Aplicarían un No Circula en Nuevo León

El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, informó que están analizando la implementación de un programa de No Circula, como una acción para favorecer el aislamiento social ante la pandemia de COVID-19.

El mandatario estatal agregó que también disminuirán el número de unidades de transporte público que circulan en la ciudad.

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“Estamos valorando el NO CIRCULA de algunos vehículos, vamos a reducir el transporte público, vamos a convenir con las empresas para que contraten transporte privado para sus trabajadores. Didi, Uber y todas las plataformas nos ofrecieron viajes gratuitos para médicos, enfermeros y el personal de salud, y los pusimos a disposición de directores de hospitales Covid-19”, explicó el gobernador.

Rodríguez Calderón lamentó que siga habiendo gente en las calles realizando actividades no esenciales, arriesgando así su salud y la de sus seres queridos.

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“Vamos a evitar que la gente salga, vamos a quitarle el transporte, si tiene que trabajar, su patrón tiene que buscar la manera de llevarlo a trabajar”, recalcó “El Bronco”.

Esta y otras acciones siguen en análisis, indicó el gobernador, pues todas las medidas que se aplican en la entidad se toman son tras un consenso con el Consejo de Salud del estado.

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No se detiene proyecto de tren ligero de NL

El Gobierno federal dio luz verde a una partida de recursos que se destinarán para el arranque del proyecto de Tren Ligero de Nuevo León.

Un total de 34 millones de pesos serán transferidos al Gobierno de Nuevo León para que inicien las labores de estudios de factibilidad.

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Esta cantidad es el 50 por ciento del costo total de esta fase, ya que el Gobierno estatal aportará otros 34 millones de pesos.

Este convenio de colaboración entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el Gobierno del Estado se anunció en mayo del año pasado y en la firma del mismo participó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

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Dicho tren ligero recorrerá una distancia total de 62 kilómetros, conectando al municipio de García con el Aeropuerto Internacional de Monterrey, localizado en Apodaca.

Su costo total será de 13 mil millones de pesos.

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Ordenan a Congreso de NL castigar a Manuel González

Tras varios meses de incertidumbre legal y guerras de declaraciones, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó de nueva cuenta al Congreso de Nuevo León que aplique un castigo al Secretario General de Gobierno, Manuel González, considerado como “la mano derecha” del gobernador.

La sanción en cuestión tiene que ver con la presunta responsabilidad de González en desvío de recursos, cometido con la utilización de empleados del Gobierno estatal en horario laboral para el levantamiento de firmas para avalar la candidatura presidencial de Jaime Rodríguez Calderón, caso conocido como “bronco firmas”.

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Esta decisión había sido tomada por el TEPJF desde el 2018, sin embargo el Congreso de Nuevo León dejó pendiente el caso ante una serie de controversias y vacíos legales.

De hecho, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó que no se le aplique ningún castigo a “El Bronco” por este caso, mientras analiza la situación, quedando en suspenso la situación del gobernador.

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Ahora bien, los diputados de Nuevo León tienen hasta el 24 de abril de este año para que ejecute un castigo contra González, la cual podría ser incluso la destitución del cargo.

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Presentan denuncia contra jueza del caso de la “Bronco suegra”

La activista Liliana Flores encabezó la presentación de una denuncia ante el Consejo de la Judicatura, en contra de Aída Reyes Reyes, la jueza que lleva el caso de la “Bronco suegra”.

La juzgadora decidió no ejercer acción penal en contra de los funcionarios estatales implicados en el aumento salarial injustificado del 144 por ciento que se le otorgó a María Teresa Martínez Galván, la suegra del gobernador, durante su paso por la Secretaría de Seguridad.

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El detalle es que se han revelado dos situaciones de implican conflictos de intereses de parte de Aída Reyes, relacionados con su esposo.

En primer lugar, su pareja, Sergio Alanís, tiene un alto cargo en el Isssteleón, dependencia estatal que le fijó la mega pensión a la llamada bronco suegra.

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Y por otro lado, el esposo de la jueza también fue compañero de trabajo de Martínez Galván en la Secretaría de Seguridad.

Por estas razones, Aída Reyes debió haberse excusado y rechazar el caso.

“Los jueces de control no deben de conocer nada antes del asunto hasta que se está argumentando y ella argumentó cosas que no habían dado, y el otro elemento es el posible conflicto de intereses”, explicó Liliana Flores.

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Con esta denuncia se busca que la Judicatura revise la actuación de la jueza, para que se determine si incurrió o no en una falta durante este proceso legal.

Hay que recordar que a María Teresa Martínez Galván le aumentaron el sueldo 144 por ciento, pasando de 24 mil a más de 70 mil pesos mensuales, sin ninguna justificación.

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De esta manera, la suegra del gobernador se jubiló con una pensión de casi 30 mil pesos, el doble de lo que le correspondía originalmente.

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Revelan más conflictos de interés en caso de la “Bronco suegra”

El escándalo de la “Bronco suegra” sigue dando de qué hablar, ya que se siguen revelando aspectos irregulares en el proceso legal, específicamente conflictos de interés de la jueza del caso, Aída Reyes Reyes.

La jueza desechó las acusaciones en contra de los dos funcionarios implicados en el aumento salarial injustificado que el Gobierno estatal le otorgó a María Teresa Martínez Galván, suegra del gobernador, Jaime Rodríguez Calderón, sin embargo ella es esposa de Sergio Alanís, quien fue compañero de trabajo de la “Bronco suegra”.

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En efecto, el esposo de la jueza de este caso laboró en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado junto con la suegra del gobernador, lo que representa un claro conflicto de interés.

Alanís laboró en esa dependencia estatal entre marzo de 2013 y agosto de 2016, en la Comisión de Honor y Justicia.

En tanto que Teresa Martínez ingresó a esa secretaría en 2015 (pocos días después de que “El Bronco” tomó la gubernatura) y se jubiló a mediados del año pasado.

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Esta revelación viene a “empantanar” aún más este caso, ya que hace unos días se ventiló que el esposo de la jueza Aída Reyes trabaja actualmente en Isssteleón, dependencia que le fijo la “mega pensión” a la suegra del gobernador.

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Hay que recordar que la suegra del “Bronco” tuvo un aumento salarial injustificado del 144 por ciento en menos de un año, pasando de ganar 24 mil pesos mensuales a poco más de 70 mil pesos por mes, lo que le permitió jubilarse con una pensión de 29 mil pesos, la cual es dos veces mayor a la que le correspondía originalmente.

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¿Y la declaración patrimonial de “El Bronco”?

El gobernador Jaime Rodríguez Calderón sigue sin hacer pública su declaración patrimonial actualizada, tal y como lo había prometido hace exactamente un año.

Y es que aunque “El Bronco” presentó su declaración 3de3 durante su campaña electoral por la Gubernatura del estado, en los últimos años prefirió mantenerla oculta, apegándose a lo establecido en la normativa.

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De hecho en febrero del año pasado fue cuestionado sobre dicha declaración, ante lo cual confirmó que hubo movimientos en su patrimonio y que la haría pública para transparentar su situación patrimonial, incluso fue más allá al afirmar que lo haría a través de su cuenta de Facebook.

Sin embargo, esto nunca sucedió.

Cabe señalar que en 2015 declaró tener nueve propiedades, las cuales en conjunto tendrían un valor de 9 millones de pesos.

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En 2018, durante su campaña presidencial, Rodríguez Calderón dijo que tenía aproximadamente 2 millones y medio de pesos en diversas cuentas, así como varias propiedades.

“No sé exactamente cuánto cuesten mis propiedades, nunca he hecho un avaluó, no las tengo como un negocio. Yo compré mi rancho que tengo que son diferentes pedazos, que no es un gran rancho, que son diferentes pedazos que siembro ahí, debe de costar la hectárea alrededor de 50, 60 mil pesos y ya con infraestructura que tiene arriba, te diré 100 mil pesos”, explicó el en ese entonces candidato presidencial independiente.

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De igual forma se ha evidenciado que “El Bronco” está fincando en uno de sus terrenos, localizado en Pablillo, en el municipio de Galeana.

Así, se mantiene la opacidad en el Gobierno de Nuevo León.

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Jueza del caso de la “Bronco suegra” está ligada al Gobierno de NL

Cuenta con conflictos de interés la jueza encargada del caso de la “Bronco suegra”, quien el viernes decidió no ejercer acción penal en contra de los dos funcionarios estatales que le permitieron a la suegra del gobernador un aumento salarial injustificado del 144 por ciento al laborar en la Secretaría de Seguridad, con lo cual obtuvo una pensión mayor a la que le correspondía.

Y es que la jueza de Control, Aída Araceli Reyes Reyes, está casada con Sergio Alanís Medina, subdirector jurídico del Isssteleón, instancia involucrada en el caso, por lo que debió de haber informado sobre esta condición para excusarse y rechazar el caso.

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Los dos funcionarios que estaban considerados como presuntos responsables son Liliana Gómez de Ossio, ex directora de Recursos Humanos en la Secretaría de Administración, y Francisco Estrada Corral, ex director de Administración en la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

Se estima que ambos son los responsables de haber autorizado un aumento salarial injustificado del 144 por ciento a María Teresa Martínez Galván, la suegra del “Bronco”, quien se desempeñaba en la Secretaría de Seguridad con el puesto de “coordinadora”.

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Ella ganaba originalmente poco más de 28 mil pesos mensuales y en menos de un año pasó a ganar 70 mil pesos, de esta manera se jubiló el pasado mes de julio y el Isssteleón le determinó una pensión mensual de casi 30 mil pesos, el doble de lo que le hubiese correspondido con el sueldo original.

Así, la jueza Aída Araceli en lugar de haber rechazado el caso por el parentesco que tiene con un funcionario de alto nivel del Isssteleón, decidió tomarlo, concluyendo no había pruebas suficientes de que los dos funcionarios hayan incurrido en un delito.

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De esta manera se vislumbra que una atmósfera de impunidad en torno a uno de los casos más polémicos en los que se ha involucrado el Gobierno estatal.