El Gobernador con licencia, Jaime Rodríguez, siempre sí aparecerá en la boleta presidencial, esto luego de que el Trife perdonara las irregularidades detectadas por el INE en cuanto a recolección de firmas.

El tema de las irregularidades del financiamiento no fue tocado, ya que ese no formaba parte del recurso que “El Bronco” presentó.

El Trife dio la razón a Rodríguez de haber realizado correctamente el trámite, y que además fue ofendido por el INE al violarle el derecho a audiencia.

Con cuatro votos a favor y tres en contra, el Trife le ordenó al INE aceptar la candidatura independiente de Jaime Rodríguez por la presidencia del país.

“El INE deberá emitir un nuevo acuerdo de registro en términos de lo establecido en la sentencia”, señala el fallo, “en el que se pronuncie respecto del cumplimiento de los demás requisitos legales atinentes y, de ser el caso, le otorgue el registro correspondiente”.

Incluso horas antes de que se realizara la reunión y votación, ya circulaba un comunicado entre el personal del Tribunal que mencionaba la resolución en favor del Gobernador con licencia de Nuevo León.

La resolución del Trife hace válida la queja de “El Bronco” de que no se le concedio una audiencia para revisar las firmas de apoyo que el INE le rechazó por considerarlas inválidas.

Durante la revisión de firmas, el INE sólo reconoció a “El Bronco” 835 mil 511 apoyos -de los 2 millones 034 mil 403 registros que presentó-, pues consideró que su equipo las obtuvo a través de fotocopias, así como con registros alterados o mediante documentos inválidos.

“(Al aspirante) no se le permitió verificar conjuntamente con la autoridad electoral la totalidad de los apoyos que fueron considerados inválidos de aquellos que había presentado”, determinó la ponencia del magistrado Fuentes.

“La autoridad responsable le negó el derecho a ejercer una completa y adecuada defensa”.

Este dictamen a favor se da a pesar de las anomalías presentadas en su campaña, como el 58 por ciento de sus registros con irregularidades, una investigación contra funcionarios estatales que recabaron miles de firma y 803 trabajadores de Gobierno que recabaron firmas en horario laboral.

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